El jueves 12 de septiembre de 2019 la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Nación aprobó por unanimidad una prórroga con enmiendas de la propuesta de Ley de Emergencia Alimentaria. Luego la trató el Senado y se convirtió en ley. Luego de muchas idas y vueltas, tras discusiones semánticas e ideográficas en torno a conceptos como hambre, hambruna, necesidades insatisfechas, más un largo catálogo, la arena política dio paso a políticas. Cuando todo parece que está encaminado, es decir, que los alimentos lleguen a los que los necesitan, apareció un nuevo asunto: ¿cómo identificar a las personas que requieren los alimentos? Y para sorpresa de toda la ciudadanía emergió el concepto de “censo”. Las palabras pueden ser ubicuas, pero no inocuas, al fin y al cabo no sólo pensamos con ellas, también las usamos para construir problemas en busca de solución.
La cuestión del “censo” tiene una dimensión moral que no hay que soslayar, pero tiene, también, una dimensión práctica y operacional para la política que no se puede evitar: volver eficaz la distribución de aquello que se requiere entre los que lo necesitan. En otras palabras: asegurarse que la urgencia sea atendida eficazmente. Muchas sociedades a lo largo de la historia han construido mecanismos tendientes a identificar a las personas en situación de pobreza, indigencia y, en situaciones extremas, con hambre. La famosa Ley de Pobres (Poor Laws) iniciada por Enrique III, relanzada por Isabel I y actualizada bajo el Sistema de Speenhamland no sólo constituyó la materia prima para debates entre economistas (David Ricado vs. Malthus), sino para reformadores sociales como Jeremy Bentham, además marcó los inicios de la propuesta conocida actualmente como Renta Universal Garantizada (Basic Income) y forjó, sin lugar a dudas, los distintos enfoques y prácticas sobre la política social contemporánea. Esto resulta interesante, pero es historia.
En este contexto los ciudadanos se pueden preguntar: ¿acaso el Estado argentino no dispone de herramientas para hacer que la urgencia sea atendida de manera eficaz? Censar, que en este contexto no sería otra cosa más que “contar”, se podría entender si necesitáramos analizar las consecuencias de un evento desconocido, como la caída de un meteorito o un sismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero no frente al problema de la pobreza en Argentina. La pregunta que los públicos ciudadanos se hacen es: ¿qué estuvo haciendo todo este tiempo el Ministerio de Salud y Desarrollo Social? Más específica aún: ¿qué hace el poderoso Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS)? ¿A qué se dedica, entonces, SINTyS?
La Universidad de Chicago tiene un programa de investigación que utiliza imágenes satelitales para predecir nuevos contextos de pobreza localizada, algo similar está haciendo la Universidad de Stanford. El Center for Artificial Intelligence in Society de la Universidad del Sur de California tiene un programa para darle seguimiento a las personas en situación de calle. Si el SINTyS que cruza información tributaria, patrimonial, comercial, bancaria y de seguridad social no puede ofrecer una alternativa mejor a hacer un “censo” estamos frente a un problema de dimensiones colosales.
La aparición de la idea de que hay que “censar” (contar) no sólo nos lleva a pensar que es una forma de empujar los problemas hacia adelante, sino a algo más terrorífico aún y es que se puede hacer política sin tiempo. Es como pensar que siempre estamos a tiempo. Nada más equivocado en estos tiempos.